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Barreda Moller escribe...

Redefinición de la política de estado en materia de competencia

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual – INDECOPI- fue creado en Noviembre de 1992, con el propósito  declarado de consolidar, en una sola institución, la administración de diversos institutos asociados con el llamado Derecho de la Competencia, tales como la Propiedad Industrial, el Derecho de Autor, la Regulación de la Competencia Desleal, la de Publicidad Comercial, la de Protección de Consumidores, la Regulación de la Libre Competencia y Acceso al Mercado, sancionar prácticas de dumping y subsidios, encargándosele además la regulación en temas técnicos como Metrología y la aprobación de Normas Técnicas Nacionales. Con el transcurrir del tiempo, algunos órganos fueron reestructurados y fusionados y se le encomendaron otras responsabilidades como la conducción de un sistema concursal.

En sus inicios, INDECOPI representó un gran cambio, positivo,  en la forma en que el Estado regulaba éstos diversos institutos. La Institución y el sistema fueron motivo de estudios y evaluación en diversos países, algunos de los cuales diseñaron sus propias instituciones públicas a partir de éste esquema. Lamentablemente, la Institución pronto dejó de recibir el apoyo político necesario y no fue capaz a partir de sus propios cuadros administrativos, de fortalecer su institucionalidad, de consolidar líneas de carrera entre sus funcionarios y no llegó, en los últimos años, a generar mayor predictibilidad en su actuación.  El mercado dejó de tener total confianza en su competencia al punto que, para temas específicos como el de publicidad, se ha organizado un sistema paralelo administrado que regula la aplicación de las normas.

El Gobierno del Presidente Humala, que asumió el poder el 28 de julio de 2011,  ha hecho conocer que el programa de gobierno incluye una redifinición del rumbo de los organismos reguladores, entre ellos el INDECOPI. Altos funcionarios han indicado que se encontró en esta institución una alta sobrecarga administrativa, sobre todo en temas de protección al consumidor y Propiedad Industrial, a la par que se ha encontrado una falta de autonomía en la disposición de los recursos que la institución general, lo que dificulta una acción eficiente.

Se espera, en las próximas semanas, la designación de nuevas autoridades administrativas y una evaluación, a nivel legislativo, sobre la forma apropiada de organización, lo que puede importar que ciertas responsabilidades, como la protección al consumidor y la administración de la Propiedad Intelectual, sean encargadas a nuevas instituciones a crearse.

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