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Barreda Moller escribe...

Aprueban nuevo régimen de notificación de actos administrativos y otras comunicaciones emitidas en los procedimientos administrativos a cargo de los órganos resolutivos del INDECOPI

Mediante Directiva Nº 001-2013/TRI-INDECOPI publicada con fecha 17 de agosto de 2013 en el diario oficial “El Peruano”, el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual ha aprobado el nuevo Régimen de notificación de actos administrativos y otras comunicaciones emitidas en los procedimientos administrativos a cargo de los órganos resolutivos del INDECOPI, la cual deja sin efecto la anterior Directiva Nº 001-2003/TRI-INDECOPI y sus modificatorias.

En cuanto a su ámbito de aplicación la situación es similar puesto que se regula el procedimiento de notificación de actos administrativos y otras comunicaciones tales como citatorios, emplazamientos, requerimientos de información o documentos pero se aclara que la Directiva también será aplicable a las entidades públicas cuando estas sean partes de un procedimiento administrativo (el régimen anterior excluía a las entidades públicas así sean parte en los procedimientos). También se mantiene la exclusión del régimen de notificaciones para aquellos actos no emitidos en la tramitación de los procedimientos administrativos, tales como cartas u oficios dirigidos a terceras personas u entidades públicas o privadas, con la finalidad de recabar información o absolver consultas.

Se mantienen las mismas modalidades de notificación (personal y por publicación) pero, a diferencia de la legislación anterior en que se establecía que excepcionalmente los administrados podían solicitar se les notifique a través de medios que permitan comprobar fehacientemente el acuse de recibo y el receptor del mismo (fax, casilla, entre otros), ahora los órganos funcionales tendrán la potestad de poder acudir complementariamente a cualquiera de las modalidades listadas sin alterar el orden de prelación impuesto. También se permitirá la notificación a alguna dirección electrónica siempre que el interesado lo haya autorizado expresamente y una vez se implemente por la autoridad el sistema de notificaciones electrónicas que se encuentra en marcha, en cuyo caso no es de aplicación el orden de prelación antes indicado.

En cuanto a la notificación personal la nueva Directiva precisa la información mínima que debe consignarse en el caso de que la persona que se encuentra en el domicilio se niega a recibir la notificación o a identificarse. Así, se deberá dejar bajo la puerta un acta que deberá consignar: (i) el destinatario de la notificación; (ii) la identificación del procedimiento respectivo –número del expediente-; (iii) el acto materia de notificación –número de resolución-; (iv) la indicación relativa a la negativa de recibir la notificación o identificarse; (v) la dirección domiciliaria a la cual se apersonó el notificador; (vi) la hora y fecha en que se realizó la notificación; (vii) el nombre, firma y número de documento nacional de identidad del notificador; (viii) la indicación de que se dejó la notificación bajo la puerta; y (ix) adicionalmente se deberá dejar constancia en el acta las características del lugar donde se efectuó la diligencia de notificación y de ser posible, adjuntar una foto del domicilio al cual se acudió.
Como novedad se precisa que, en caso que no se cuente con el domicilio del destinatario de la cédula de notificación, o luego de la verificación este resulte inexistente, los órganos resolutivos deberán notificar al domicilio señalado en el Documento Nacional de Identidad (DNI) del administrado en el caso de personas naturales, y al domicilio consignado en el Registro Único de Contribuyentes (RUC) en el caso de personas jurídicas. Si el domicilio de la persona jurídica consignado en la base de datos del Registro Único de Contribuyentes (RUC) tiene la condición de “No habido” o “No hallado” deberá procederse a la notificación mediante publicación. Se omite incluir en esta relación el caso de las personas jurídicas que se encuentran con la mención “Baja de oficio”, esto es, que han dejado de operar comercialmente o cerrado sus operaciones.

De tratarse de personas jurídicas constituidas en el exterior, se deberá notificar al domicilio de su sucursal inscrita en el país o al de su representante debidamente acreditado. Para la autoridad ello puede ser una solución práctica pero desde el punto de vista jurídico esto puede ser cuestionable ya que habrá que verificar si el poder otorgado al representante lo faculta a recibir notificaciones de resoluciones tales como un emplazamiento de una denuncia o de un pedido de cancelación o nulidad de registro.

De otro lado se establece que en caso de que el notificador no tenga acceso directo al domicilio del administrado, al ubicarse dentro de un condominio, edificio u otro inmueble en donde existan otros domicilios (ya sea que se trate de una casa, departamento u oficina), deberá pegar un aviso en la puerta de acceso correspondiente a los lugares citados, indicando la nueva fecha en que se hará efectiva la notificación y copia de este aviso será pegada al expediente respectivo. En caso que no se pueda realizar la notificación en una segunda visita, se procederá a la notificación mediante publicación.

Asimismo, en cuanto a la modalidad de notificación mediante publicación, se establece que esta podrá practicarse por dos vías: principal y subsidiaria. La principal se realizará en el caso de aquellos actos administrativos que interesan a un número indeterminado de administrados no apersonados al procedimiento y sin domicilio conocido. La subsidiaria se practicará cuando no sea posible realizar la notificación por las otras vías establecidas, preferentemente por ignorarse el domicilio del administrado pese a la indagación que se haya realizado.

Igualmente se dispone que en caso de defectos de la notificación por haberse omitido alguna formalidad o requisito, la misma podrá surtir efectos legales siempre que: (i) el destinatario manifieste expresamente haberla recibido; (ii) conste en el expediente la realización de actuaciones procedimentales por parte del interesado que permitan suponer razonablemente que tuvo conocimiento oportuno del contenido o alcance de la notificación; y/o (iii) el interesado interponga cualquier recurso que proceda al respecto.

Finalmente, se establece que el plazo en el que se efectuará las notificaciones será el establecido en la ley aplicable a sus respectivas competencias y de no haberse precisado, se efectuará a más tardar dentro del plazo de diez (10) días hábiles contados a partir de la expedición del acto.

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