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Barreda Moller escribe...

Suspensión convencional en procedimientos marcarios

Uno de los principios rectores del sistema jurisdiccional peruano, tal vez uno de los más importantes, es el “principio de pluralidad de instancia”, consagrado a nivel constitucional en el artículo 139 numeral 2 de la Constitución Política del Perú.

Dicho principio general, de aplicación no sólo a nivel judicial sino también administrativo, garantiza que una decisión judicial o administrativa pueda ser revisada por un órgano jerárquicamente superior.

En materia de propiedad intelectual, la pluralidad de instancia a nivel administrativo se encuentra reconocida en la Ley de Organización y Funciones del INDECOPI y su respectivo Reglamento. De conformidad con ambas normas, las Direcciones de Propiedad Intelectual (y las Comisiones que las integran) son las encargadas de resolver en primera instancia los procedimientos materia de su respectiva competencia, siendo la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Tribunal la encargada de resolver en segunda y última instancia administrativa dichos procedimientos.

Ambas instancias gozan de autonomía técnica y funcional para el ejercicio de sus respectivas funciones. Dicha autonomía, sin embargo, no es irrestricta en el caso de la primera instancia, específicamente en aquellos temas materia de resoluciones de segunda instancia que tienen carácter de precedente de observancia obligatoria.

La autonomía técnica y funcional de las dos instancias administrativas en materia de propiedad intelectual se ve reflejada en el distinto criterio interpretativo que las Direcciones y la Sala Especializada en Propiedad Intelectual aplican en algunos temas materia de su competencia.

A nivel marcario, las dos instancias del INDECOPI han mostrado líneas interpretativas distintas en algunos temas puntuales, por ejemplo, en materia de nombres comerciales no registrados (específicamente en cuanto al ámbito de su protección) y en los casos de duplicidad de registro (por cuanto, a diferencia de la segunda instancia, la primera instancia permite la limitación de la cobertura de una solicitud a fin de evitar la duplicidad de un registro de marca).

Otro tema en el que, por muchos años, hubo disparidad de criterio entre la primera y segunda instancia es el referido a la suspensión convencional de casos contenciosos en materia marcaria. La suspensión convencional es aquella solicitada de mutuo acuerdo por ambas partes. Se otorga por una sola vez y por un plazo máximo de 2 meses.

Dicho supuesto de suspensión está regulado en el artículo 319 del Código  Procesal Civil. Sin embargo, no está contemplado en la legislación de propiedad industrial ni en la normativa de facultades, organización y funciones del INDECOPI, las cuales sí establecen otros supuestos de suspensión del procedimiento. Dichos supuestos, contemplados en el artículo 25 del Decreto Legislativo Nº 1075 y en el artículo 65 del Decreto Legislativo Nº 807, son los siguientes:

 

1.  Cuando con anterioridad al inicio del procedimiento administrativo, se haya iniciado un proceso judicial que verse sobre la misma materia; o

2.  Cuando surja una cuestión contenciosa o no que, a criterio de la respectiva autoridad competente precise de un pronunciamiento previo sin el cual no puede ser resuelto el asunto que se tramita ante ella. 

A pesar de no estar expresamente regulada en la normativa de la materia, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual ha tenido como práctica –en aplicación del principio de eficacia que rige el procedimiento administrativo- aceptar, en apelación, la suspensión convencional de procedimientos marcarios.

A diferencia de la Sala, la primera instancia fue por muchos años reacia a acceder a la suspensión convencional de procedimientos a su cargo por no encontrarse prevista en la legislación de la materia. Sin embargo, con agrado hemos notado que, apartándose de dicha práctica, la Comisión de Signos Distintivos ha decidido aceptar la suspensión de procedimientos contenciosos a su cargo por una sola vez y por un plazo máximo de dos meses, cuando dicha suspensión es solicitada de mutuo acuerdo por ambas partes.

La Comisión sustenta la aceptación de la suspensión convencional en los principios de eficacia y celeridad que rigen el procedimiento administrativo, así como en el artículo 139 del Código Procesal Civil, aplicable en atención a lo dispuesto en la Quinta Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo 1075.

De este modo, tanto la primera como la segunda instancia tienen finalmente posiciones coincidentes en cuanto a la aceptación de la suspensión convencional de procedimientos contenciosos a su cargo, cuando dicha suspensión es solicitada de mutuo acuerdo por las partes del procedimiento.

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