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Barreda Moller escribe...

Derecho a la defensa e información falsa

La normativa en materia de Propiedad Intelectual establece una sanción pecuniaria (multa) para aquellos administrados que, a sabiendas, brinden información falsa u oculten información requerida por la Administración, la cual puede ascender hasta a 50 UIT’s.

El artículo en cuestión es el 116 del Decreto Legislativo N° 1075 y, conforme ha señalado la Sala Especializada en Propiedad Intelectual,  el referido artículo no establece una facultad por parte de la Autoridad, sino que obliga a imponer una sanción de multa cuando se configure alguno de los supuestos mencionados, entre ellos, el brindar información falsa.

No obstante lo anterior, el criterio para establecer el momento ante el cual nos encontramos frente a una declaración que contiene información falsa no ha sido establecido legislativamente, por lo que resultaba necesario que ello sea determinado jurisprudencialmente.

Al respecto, la Resolución N° 4726 -2016/TPI-INDECOPI procedió a establecer el parámetro para considerar que una declaración no constituye un acto de brindar información falsa: el ejercicio del derecho de defensa. En el caso evaluado por la resolución en mención, la Comisión de Signos Distintivos sancionó a una empresa con una multa ascendente a 5 UIT por, de acuerdo a la Comisión, haber brindado información falsa.

En el referido caso, la Comisión requirió a la emplazada que señalara la fecha en que cesó de usar los signos del accionante, a lo cual la emplazada señaló que había cesado desde la fecha en que culminó la licencia otorgada a su favor. Posteriormente, la Comisión verificó, de los medios probatorios adjuntados en el procedimiento, que luego de la fecha de conclusión de la licencia, la emplazada aún contaba con elementos que incluían la marca materia de la denuncia.

Sin embargo, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual revocó la sanción de multa impuesta por la Comisión, considerando que lo señalado por la emplazada constituía un ejercicio válido de su derecho de defensa. Asimismo, tomó en consideración que la emplazada había indicado que posteriormente a la conclusión de la licencia, pasó por un proceso de transición en el cual procedió a eliminar progresivamente de su local la marca materia de la denuncia.

En ese sentido, se advierte que el Tribunal considera que no toda manifestación que pueda resultar imprecisa con relación a lo que se demuestre durante la evaluación de los medios probatorios, debe ser considerada como un acto a través del cual se brinda información falsa, toda vez que ello limitaría a la parte a ejercer su derecho de defensa.

Sobre este punto, resulta interesante añadir que a través del derecho de defensa las partes contradicen los argumentos de hecho y derecho  planteados en su contra, por lo que si –dentro de un procedimiento de infracción– una persona considera que el hecho acaecido constituye un acto válido, la Autoridad no debe tomar dicha declaración como información falsa, incluso cuando se verifique que el hecho denunciado ocurrió (infracción verificada), toda vez que ello forma parte del ejercicio legítimo del derecho de defensa del emplazado.

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